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Progressus mortem imponit

Tres meses. En solo tres meses se aplicará la ley orgánica de aplicación de la eutanasia. España tiene el honor de ser el séptimo país que engrosa la lista que se mueve en la delgada línea que existe entre la piedad y el asesinato.

No se debe pasar por alto que en aquellos países donde se aplica la eutanasia desde hace años, no han dejado de producirse controversias. Sirva como ejemplo Holanda. La información que les muestro a continuación se ha obtenido directamente de los medios y de la comisión para la eutanasia del país.

“La ciudad alemana de Bocholt, cerca de la frontera con Holanda, tiene un asilo para mayores alemanes y holandeses y se ha convertido en refugio de todos aquellos que quieren escapar de una muerte anticipada".

“La Comisión para la Eutanasia en Holanda alerta de que un médico ha practicado el suicidio asistido a una anciana que sufría una enfermedad mental, sin que la paciente haya solicitado morir en ese momento, y haya mostrado su rechazo mientras se le inyectaba la dosis letal. El doctor consideró que la mujer vivía en "sufrimiento innecesario" y que era momento de acabar con ello”.

“Se amplían las reglas de eutanasia para personas con demencia: menos preocupaciones para los médicos. Periódico Gelderlander. 20/11/20”.

“El ejecutivo progresista ha encargado un estudio sobre la eutanasia para personas mayores de 55 años que quieran recurrir a esta opción porque consideren que ya han completado su vida, dando la posibilidad de morir con dignidad en la vejez”

Volvamos a España. Comencemos por el principio.

Se define la eutanasia como la intervención voluntaria para provocar la muerte, evitando sufrimiento y dolor innecesarios en el paciente.

En este proceso no sólo interviene aquel que quiere morir y aquel que provocará el final, hay toda una procesión de actores de los que la ley se olvida nombrándolos de manera efímera, aludiendo al derecho a la objeción de conciencia de forma equívoca, despojándolos, por tanto, de garantías y derechos constitucionales o eximiéndolos de posibles responsabilidades penales.

La ley habla de la “Objeción de conciencia sanitaria”, definiéndola como un derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en la propia ley que resulten incompatibles con sus propias convicciones.

El artículo trigésimo de nuestra Constitución y el artículo décimo de la Carta de Derechos Humanos de la UE reconoce el derecho de la objeción de conciencia como un derecho fundamental. En esta ley se reconoce la objeción de conciencia para el profesional directamente implicado (que debe declarar dicha objeción anticipadamente por escrito, anulando cualquier opción posterior), pero no para el resto de profesionales ni para el ciudadano que quiera objetar en conciencia ser atendido por unos profesionales o en centros donde se realicen estas prácticas. Por tanto, y atendiendo a la definición de derecho fundamental por parte de nuestra Constitución como aquel que goza del máximo nivel de protección, podemos afirmar sin posibilidad de error, que el derecho fundamental de la objeción de conciencia en la aplicación de la ley de la eutanasia queda destruido en mil pedazos.

No es la primera vez, ni será la última que este tramposo ejecutivo progresista, de la mano de “lo mejor de cada casa” se pasa la Constitución por el arco del triunfo en un acto totalitario, revestido una vez más de la palabra “democracia”.

Un camandulero ejecutivo progresista que es tan protector y benefactor del pueblo que va a administrar una muerte misericordiosa a aquellos enfermos incurables, evitándoles cualquier tipo de sufrimiento.

Un hipócrita ejecutivo progresista, que ha desarrollado una ley, con algunos trazos peligrosamente comparables al decreto de eutanasia firmado por Hitler el 1 de septiembre de 1939, bajo un programa llamado Aktion T4. Por cierto, otro funesto líder elegido “democráticamente”.

Un marrullero ejecutivo progresista que disfrazará en todo momento los números de la barbarie.  No tengan duda al respecto, ya se ha hecho. Por ejemplo, el flamante Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales ha afirmado, que bajo su mandato se ha reducido la lista de espera en dependencia, en el año 2020, hasta un 80%. Lo que no ha contado este penoso aprendiz de dictador, es que ese 80% se debe al fallecimiento de 55.487 dependientes que murieron esperando a que se resolvieran sus casos.

Pronto veremos estadísticas como: baja el número de fallecimientos por cáncer; baja el número de personas con enfermedades terminales; y si unimos el aborto y la eutanasia, también será una estadística que baja el número de personas con minusvalías psíquicas o físicas…

Un trilero ejecutivo progresista que ha establecido en esta ley una disposición adicional primera que determina que la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma. ¿Muerte natural cuando se está provocando la muerte de manera artificial?

Un embaucador ejecutivo progresista que se olvida de los sentimientos de las personas, del derecho a decidir hasta el último momento si quieres vivir o morir, anulando cualquier afirmación contraria al respecto realizada con anterioridad, permitiendo en ocasiones extremas, pero que pueden suceder, que estén de acuerdo el médico y el familiar que tiene un poder universal sobre su padre o su madre, que firmaron hace tiempo los dos documentos sin “presión externa”, y que llegado el momento no quieren morir pero no pueden expresarlo más que con la mirada por estar impedidos para hacerlo. Pues bien, parapetados y protegidos por la ley, se procederá a la “muerte natural” de los ancianos, pasando, y esa es la cruel realidad, de la eutanasia a la cacotanasia, es decir, a la provocación de la muerte sin consentimiento del afectado.

Creo sinceramente, que el hecho de que aparezca un solo motivo de duda en la garantía total de los derechos, decisiones y deseos de todas las personas, por ínfimo que este sea, es suficiente para que no prospere ley alguna o, al menos, para que se realice atando y garantizando todos y cada uno de lo que puedan considerarse insignificantes motivos para la duda.

Siéntanse orgullosos. Es la realidad progresista frente a la realidad de las personas.

Y es que, estamos en un país tan progresista, que otorga el derecho a elegir cuando morir, pero prohíbe el derecho a elegir colegio y educación para los hijos. Y no pasa nada. Bueno, ahora sí, la muerte al peso.

Y aquellos que no quieran morir, aquellos que en el último momento se arrepientan y no puedan expresarlo, añadirán a la soledad de su sufrimiento el terror de ver como los exterminan gracias a una progresía que impone la muerte, disfrazando una atrocidad en forma de derecho, que les ofrece de manera piadosa y por su bien, el billete para abandonar este mundo.

Los infames asesinos indirectos, jaleados por los indigentes mentales de la plebe más aborregada, lo llaman progreso.

Así nos va…y mejor que nos va a ir.

Fin de una era. Fin de un país.

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